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¿Qué puede aprender México del extranjero en cuanto a estrategias de seguridad? El país se encuentra en medio de una brutal e impopular campaña militar contra organizaciones criminales que ha costado más de 60 mil muertos, otros muchos desaparecidos, y una creciente sensación de inseguridad en los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, dos de las grandes consecuencias son la pérdida de control territorial por parte del Estado, y el creciente número de abusos por parte de las fuerzas del Estado. La actual administración, ante estos problemas, ha mostrado escasos resultados.

Mientras tanto en Brasil, el gobierno estatal de Rio de Janeiro ha implementado un innovador modelo de seguridad pública denominado Unidad de Policía de Pacificación (UPP), que busca promover vínculos más estrechos entre la población y la policía. El programa pacificador tiene el objetivo de recuperar el control de las favelas (los tristemente célebres barrios marginales de la ciudad donde la ilegalidad impera), al igual que la confianza de los residentes después de años de negligencia por parte del Estado y abusos por parte de la policía. En esencia es un intento de traer de vuelta a estas barriadas lo que han carecido por años: el Estado de Derecho.

En general el UPP ha tenido un alto nivel de aprobación de la población carioca. Un sondeo de la encuestadora Brasileña IBPS revela la extensión del apoyo ciudadano a las UPPs. En comunidades donde las UPPs fueron desplegadas, su nivel de apoyo alcanza el 92%, mientras que en aquellas favelas sin UPPs el 77% las apoya. Algunos proyectos en curso incluyen la construcción de infraestructura para alojar a las UPPs, especialmente para convencer a los residentes que han llegado para quedarse.

Las UPPs no están libres de problemas. Ignacio Cano, un especialista en seguridad pública y derechos humanos en Brasil, menciona que a las UPPs les ha faltado atender las inquietudes específicas de las favelas. Asevera que las UPPs fueron traídas desde afuera para tratar la necesidad general de pacificación, pero no ha habido un intento sistemático para incorporar las demandas de las comunidades. Según Rodrigo Pimentel, asesor en seguridad y ex-miembro de la policía militar BOPE (Batallón de Operaciones Policiales Especiales), el programa pacificador también carece de un marco legal que comprometa a los próximos gobiernos a mantener las UPPs.

Ante la presencia de un poder criminal, el Estado busca intervenir para reemplazar a esta autoridad ilegítima. En el caso de Rio, se desplegaron unidades del BOPE para despejar las favelas de delincuentes. En comparación con otras ciudades con mayores tasas de homicidio, la tasa de mortalidad por acción policial es desproporcionado. Aunque controversiales debido a su brutal reputación, el nivel de popularidad del BOPE se ha elevado después de su despliegue junto a las UPPs. Según el reporte de IBPS, el apoyo al BOPE es el doble en comunidades con UPPs (60% contra 28%). Las UPPs ofrecen mayor confianza y seguridad a los residentes de las favelas que han sufrido directamente la violencia tanto de los criminales como de la policía.

De forma similar, México ha sido testigo de un desvanecimiento del poder del Estado en partes del país. Un cable diplomático de Wikileaks de Diciembre 2010 expresa preocupación sobre este asunto, alegando que el gobierno mexicano admitió haber sido rebasado por el poderío de las organizaciones criminales en varias zonas del país. El ex-vocero en materia de seguridad para el gobierno federal, Alejandro Poiré, rechazó tajantemente esto en su momento, aunque luego la Secretaria de Gobernación admitió que el crimen organizado ejercía un control de facto sobre muchas zonas.

Como en las barriadas de Rio, la ausencia del Estado dejó un vacío de poder que llegaría a ser ocupado por la ilegalidad. Joaquín Villalobos, un ex-líder guerrillero de el Salvador convertido en consultor en seguridad, menciona la importancia de que el Estado recupere permanentemente las zonas controladas por bandas criminales en el contexto de seguridad mexicano. Subraya el caso de las UPPs en Rio como ejemplo de una creciente presencia del Estado en un territorio perdido con el propósito de reducir la criminalidad. También señala el caso de Colombia, donde las autoridades comprendieron que “a menos que el Estado ocupara el territorio permanentemente, el problema de los grupos armados y la ilegalidad no se resolvería”.

La experiencia de Rio también ilustra las virtudes de una estrategia que no justifica los abusos. Como explica Villalobos, “los derechos humanos en la actualidad, por encima de requerimientos éticos, se han vuelto parte fundamental de la eficacia operacional tanto para policías como para militares”. Hace referencia a Colombia al decir que los abusos disminuyeron después de convencer a los mandos militares que se obtienen mejores resultados si no convierten a los civiles en sus enemigos. Las UPPs de Rio han producido un efecto semejante, en comparación con la época en que el BOPE actuaba solo y con fuerza excesiva.

Como en Rio, México ha experimentado un ascendente registro de abusos por parte de las fuerzas del Estado. Un reporte reciente de Human Rights Watch documenta como las fuerzas castrenses en México han cometido de manera creciente abusos a derechos humanos durante la actual administración. Aunque el Presidente Calderón ha admitido recientemente los abusos militares, insiste en que éstos son la excepción. Aún así, la mayoría de los mexicanos todavía apoyan el uso de la militar para confrontar a la delincuencia. Esto, sin embargo, puede cambiar si los abusos continúan.

Está el caso de Cherán, un pueblo en el estado de Michoacán donde los comuneros se mostraron reacios a ser extorsionados por grupos criminales. Aunque México todavía no ha visto un auge significativo en paramilitarismo y otras actividades de vigilantismo en reacción a abusos de la autoridad o a una mayor inseguridad, un deterioro en el contexto de seguridad a la par de un Estado débil podría dejar a ciudadanos vulnerables sin otra opción.

* El artículo original fue publicado originalmente el 22 de noviembre de 2012 en esglobal.

Referencias 

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