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La reforma energética aprobada en México marca el fin de un ciclo de cambios que se supone llevará a mayor crecimiento y desarrollo económico. Sin embargo, las continuas amenazas del crimen organizado representan uno de los mayores riesgos para el impulso de esta industria estratégica.

El proceso de reformas económicas que impulsó el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto culminó en agosto con la promulgación de la reforma energética, la cual termina con el monopolio estatal que mantenía Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 1938.

La nueva legislación abre las puertas para que empresas privadas nacionales e internacionales participen en el sector petrolero y de gas. Se espera que la inversión extranjera directa en el sector sea de unos 10.000 millones de pesos (unos 600 millones de euros) anuales a partir del 2016, lo cual añadiría un punto porcentual anual al crecimiento económico del país a largo plazo.

Las oportunidades son enormes, tanto para las empresas como para el desarrollo económico de México. Sin embargo, las expectativas de crecimiento de la industria pueden ser menores si se tienen en cuenta los riesgos adicionales que traen consigo la inseguridad.

Riesgos para la industria

La transformación del entorno criminal en México, de uno centrado en el tráfico transnacional de drogas ilegales a uno diversificado en crímenes de oportunidad y predatorios, ha tenido un efecto pernicioso tanto en los ciudadanos de a pie como en diversos sectores económicos. Los riesgos para varias industrias productivas se han exacerbado, particularmente en la forma de extorsión sistemática. El caso de los ganaderos y agricultores en el estado de Michoacán es notorio. Las pequeñas y medianas empresas también se han vuelto víctimas frecuentes de la extorsión, lo cual desincentiva la inversión y afecta al desarrollo económico.

Igualmente, los distintos sectores extractivos se han visto afectados por esta evolución criminal. Por un lado está la desenfrenada extorsión a empresas mineras en estados diferentes. Las fuerzas armadas incluso intervinieron en Michoacán para contener el contrabando de hierro en el puerto estratégico de Lázaro Cárdenas. En un estudio reciente sobre percepciones de empresas mineras a escala mundial, 42% de éstas ven a la inseguridad en México como un factor disuasivo leve a la inversión, mientras que 39% la consideran un factor disuasivo significativo.

Con la reforma energética las mineras también podrán participar en la explotación de gas. De acuerdo a la nueva legislación, los yacimientos de gas natural y de lutitas (shale) en minas podrán ser explotados por mineras concesionadas sin la necesidad de concursar en licitaciones. Éstos beneficios adicionales vendrán acompañados de riesgos, pues las oportunidades delictivas serán aún mayores.

El robo de hidrocarburos, uno de los crímenes más comunes que afecta al sector energético, también es un problema agravante. La gran mayoría del combustible robado, en forma de gas condensado, termina en el sur de Estados Unidos donde hay gran demanda en el mercado negro. A partir del 2006, Pemex ha visto como el robo de combustible a través de tomas clandestinas en ductos de transportación se ha multiplicado de 132 a 2.612 en 2013, con pérdidas equivalentes a unos 1.000 millones de dólares anuales(unos 800 millones de euros).

Este delito es cada vez más común en los estados donde hay una presencia importante del crimen organizado.

Alcances para el sector 

¿Qué implican estos riesgos para la apertura del sector energético? Por un lado, la entrada masiva de capital privado abre la puerta a mayores oportunidades criminales, tanto en la etapa de exploración de nuevos campos petrolíferos y de gas, al igual que en la vasta infraestructura de transporte.

En el caso de Pemex, la construcción de ductos será clave para el impulso de la industria. Durante los próximos 15 años se planea la construcción de 22 gaseoductos, algunos proyectos con financiamiento privado. Sin embargo, el laxo control sobre la vasta red de ductos es una preocupación, pues la propia empresa ha dicho que gran parte de la red está bajo control de grupos de crimen organizado.

En los últimos años, las autoridades mexicanas han implementado medidas para contrarrestar estos hechos, aunque los resultados han sido desalentadores. El Proyecto Integral de Combate al Mercado Ilícito de Combustibles de 2006 incluye inversiones en sistemas de monitoreo y la participación de las fuerzas armadas en tareas de patrullaje y capacitación a miembros de Pemex. Asimismo, se ha planteado la creación de una unidad especializada para investigar delitos a la infraestructura de la compañía. No obstante, los delitos contra el sector van en aumento.

Un caso que puede servir de lección es el de Colombia, donde el robo de combustible por parte de diversos grupos armados tiene paralelos con el caso mexicano. El robo de combustible llegó a un punto crítico en 2002, con pérdidas equivalentes a 1.350 millones de dólares por el robo de 7.270 barriles diarios. Fue entonces que el Gobierno colombiano implementó una estrategia coordinada que incluyó a instituciones de justicia y policiales, sociedad civil, cambios legales que hicieron del robo de combustible un delito especial, y el uso de nuevas tecnologías y modelos operativos. El resultado fue contundente: entre 2002 y 2006 el robo de combustible disminuyó 87%, y para el 2012 sólo se contabilizaron 23 barriles robados al día.

Una parte del proyecto colombiano involucró la creación del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, una agrupación dentro de la Policía Nacional enfocada en combatir ataques contra los gaseoductos y el robo de combustible. A diferencia de Colombia, lo más cercano que tiene México a esto es la recién creada Gendarmería, la cual tiene un mandato poco claro que incluye como algunas de sus tareas la protección de sectores económicos desprotegidos en áreas rurales, entre ellos los ciclos productivos del campo, la industria y la minería.

Aunque no menciona explícitamente al sector de los hidrocarburos, la Gendarmería parece ser más bien una señal a los inversionistas de que el Gobierno dará prioridad a la protección de industrias económicas vulnerables al crimen organizado. Mas esto difícilmente hará una diferencia por su limitado alcance operativo, y su mandato confuso y poco específico. Si en verdad se busca atacar el problema de manera integral como uno de valor estratégico, la institución deberá tener un enfoque exclusivo a enfrentar el robo sistemático de hidrocarburos y la protección de toda la red de infraestructura del sector que hay y que se construirá en los años que vienen.

La apertura del sector energético sin duda será un aliciente para el capital privado, aún con los riesgos implicados. Muchas compañías ven a la inseguridad como un costo adicional para operar en México, así como lo es en otros países. Es más, hay evidencia de que el crimen organizado en México no tiene un efecto pernicioso en la inversión extranjera en el sector de hidrocarburos. Al contrario, como este tipo de negocios es a largo plazo, las empresas invierten más en costes de seguridad porque salirse sería más costoso. Para las compañías la inseguridad supone un precio adicional de operación que están dispuestos a cubrir.

Ahora bien, esto hace referencia a las grandes compañías multinacionales que tienen vasta experiencia mundial en los sectores extractivos como el petróleo y la minería. La explotación de gas shale es labor principalmente de empresas medianas que trabajan en zonas con mayor certidumbre jurídica y de seguridad, las cuales correrían mayores riesgos operando en un entorno como el de México.

Las mayores oportunidades de explotación de gas shale en México están en la cuenca de Burgos y en el campo Chicontepec al noreste del país, donde hay altos riesgos por la operación impune del crimen organizado. Chicontepec es el mayor proyecto petrolero prospectivo en México con 40% de las reservas totales de hidrocarburos. De los 169 bloques abiertos a participación privada a escala nacional, 90 se encuentran en ese campo. Sin embargo, Chicontepec se encuentra principalmente en el estado de Veracruz, donde la organización criminal Los Zetas mantiene una presencia dominante y una participación clave en el robo y tráfico de combustible.

En última instancia, el meollo del asunto es la ausencia de un Estado de derecho, fundamentalmente en la forma de corrupción e impunidad. Las reformas al sistema de justicia y anticorrupción deben de ser la prioridad para el Gobierno mexicano, lo cual no ha sido el caso. Aunque estos cambios de carácter institucional son un proceso complejo y tardío, la liberalización del sector deberá incentivar al Ejecutivo a aplicar la ley de manera más trasparente e imparcial, aunque falta ver si el combate al crimen organizado da resultados para el siguiente año cuando empiecen a llegar los inversores.

* El artículo original fue publicado originalmente el 14 de octubre de 2014 en esglobal.